Hubo un tiempo en que los casales y centros cívicos de barrio eran refugios de cultura real. Allí, artesanas de la danza —profesoras que enseñan belly dance, sevillanas o jazz dance— ofrecían algo más que pasos de baile: ofrecían pertenencia. Lo hacían pensando en que los niños no se quedasen en la calle, integrándolos y motivándolos. Proporcionaban, junto a las asociaciones culturales, un espacio para hombres y mujeres que solo querían bailar, hacer ejercicio o, simplemente, socializar sin complicarse la vida con gastos extra: sin festivales costosos, sin concursos, sin la tiranía de los trajes y zapatos especiales. Se llegaba, simplemente, donde el mercado no quería llegar.
Pero hoy, el sistema levanta una pared.
Primero se impuso la caducidad. Se argumentó que las actividades debían ser intercambiables cada tres meses, como si el aprendizaje de un arte fuera un producto de temporada. Aquella medida corta de raíz la evolución técnica y el vínculo humano. Poco después, llega la asfixia de una «legalidad» diseñada para excluir: salarios tan ajustados que hacían imposible el alta en la Seguridad Social, dejando a las profesionales en un limbo donde trabajar era sinónimo de precariedad absoluta.
El golpe de gracia llega con los concursos públicos.
Esta información no es anecdótica ni una percepción subjetiva: se me ha trasladado directamente desde la dirección de entidades cívicas de una ciudad de la provincia de Tarragona.
La gestión pasa a manos de empresas cuya única misión es facturar y producir «ocio». Estas entidades estrangulan el precio de las clases, reduciéndolo a «horas lectivas» pagadas a un precio que compite en precariedad con el de una trabajadora de limpieza en un colegio o en un domicilio. Y dicho sea con todo el respeto hacia un oficio tan digno y físicamente agotador como el de las limpiadoras de hotel, que bien saben lo que es deslomarse por sueldos de miseria.
Lo que resulta insultante es que el sistema nivele por lo bajo, equiparando una vida de formación artística y entrega social a los baremos de una economía de pura supervivencia.
Y aquí reside la gran mentira: se exige una burocracia de élite por unas horas de clase que rara vez dan para que una persona viva exclusivamente de ello.
Se pretende que se cumpla con las mismas obligaciones que una gran empresa cultural por una actividad en la que no existe el afán de lucro: es un precio simbólico que no llega al mínimo requerido para tributar. No existe competencia con la enseñanza privada por una razón evidente: esos alumnos, por sus presupuestos familiares, tampoco podrían pagar los precios de una academia privada.
Ante este escenario, cabe hacerse preguntas incómodas:
¿Qué sería de la labor de Víctor Ullate?
La Fundación Víctor Ullate recibe importantes subvenciones y patrocinios en Madrid para acercar la danza a niños sin recursos. Es una labor necesaria, pero: ¿qué sería de ese proyecto si se le aplicara lo que hoy se aplica en Catalunya? Si Ullate tuviera que someterse a concursos trimestrales gestionados por empresas que solo ven costes y «rentabilidad», su labor sería imposible.
Es la paradoja del sistema: se subvenciona la «excepcionalidad» de los grandes nombres mientras se extermina el trabajo diario de las artesanas que ya están en la base, con dedicación, experiencia y sin drenar las arcas públicas recibiendo prestaciones.
La cantera invisible
No me cabrían en esta página los nombres de las personas profesionales, e incluso famosas, que tuvieron sus inicios en un centro cívico. Esos espacios no son solo «centros de ocio», son el lugar donde se detecta el talento y se fomenta la vocación de quienes no pueden permitirse una formación de élite.
La ironía de Billy Elliot
Resulta cínico que las instituciones celebren historias como la de Billy Elliot. Aquel niño sale de un centro de barrio, en una ciudad desestructurada por la crisis, gracias a una profesora que, en su modesta sala, sabe ver y cuidar el talento. En la ficción nos emociona; en la realidad de nuestros centros cívicos, a esa profesora la estamos sometiendo a concurso público, asfixiándola con trámites y obligándola a cambiar de grupo cada tres meses por «normativa municipal».
Al final, la burocracia gana la batalla, pero el barrio pierde su alma. Se mata a la artesana para alimentar a la empresa intermediaria, dejando a los vecinos sin el arte que nace de la cercanía, la amistad, la independencia y el respeto.
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